El gobierno de Rafael Correa ordenó el cierre inmediato de los casinos y casas de apuesta que funcionan en el país, en concordancia con la consulta popular en la que 3,9 millones de ecuatorianos apoyaron la propuesta de prohibir estos establecimientos, con el fin de combatir “el vicio del juego”.
El decreto que contempla estas restricciones otorga, además, un plazo de seis meses adicionales a los casinos ubicados en hoteles de cuatro y cinco estrellas para que cierren sus puertas, lo que daría tiempo a los empleadores de gestionar el pago de las indemnizaciones a los empleados que, según informó el viceministro de Relaciones Laborales, Francisco Vaca, son obligatorias.
El funcionario explicó que los 5.500 empleados que dependían de estos establecimientos entrarán en un un plan de capacitación que apunta a su reinserción en otras actividades del sector turístico, restaurador y hotelero, así como en electricidad, electrónica, seguridad, asistencia administrativa, entre otros.
La incoformidad por al medida se ha hecho sentir. GERENCIA DE HOTELES intentó contactar a varios administradores de hoteles de lujo que ofrecen el servicio de casino, pero la mayoría dijo no poder declarar nada al respecto hasta que no haya autorización de sus casas matrices.
Entre tanto, en el diario nacional Última Hora, el presidente de la Cámara de Turismo de Guayas aseguró que el desmonte de estos establecimientos y la liquidación total de las obligaciones tomaría al menos tres años: “El lapso no es suficiente ni para las salas de juego, mucho menos para los casinos legalmente constituidos, porque es imposible reprogramar en seis meses estas actividades”.
Se espera que en las próximas horas se pronuncien los sindicatos y organizaciones protectoras del derecho al trabajo, así como el gremio hotelero que hasta ahora ha mantenido silencio frente a la determinación.
